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¿Cómo opera?

La Ley de Inclusión Laboral establece que las empresas y servicios públicos con una dotación de 100 o más personas, deberán contratar al menos un 1% de personas en situación de discapacidad o que reciban pensión de invalidez.

La nueva ley ya entró en vigencia el 15 de junio 2017. Durante los próximos seis meses se elaborarán los reglamentos que definirán cómo se implementará en detalle la Ley de Inclusión Laboral.

La norma además de crear oportunidades para las personas con discapacidad, evidencia el valor que la diversidad puede agregar a una empresa.

Por otra parte, debido a la naturaleza cambiante del mercado laboral, la normativa también establece la obligación permanente de los Ministerios del Trabajo y de Desarrollo Social de evaluar esta ley cada cuatro años, teniendo en cuenta la necesidad de ir adecuando el sistema de inclusión Sin embargo, solo para el inicio de la norma se estableció un plazo de 3 años para su revisión, lo que implica que ambos ministerios elaborarán un informe al Congreso para evaluar si el porcentaje se mantiene o se eleva, o si cambia el tamaño de las empresas que deban acogerse a la norma.